Entre Ríos tiene nueve diputados nacionales en el Congreso: cinco pertenecen a la UCR/PRO y/o a La Libertad Avanza (LLA); y los cuatro restantes al peronismo. El proyecto que envió el gobierno nacional para aprobar la Ficha Limpia, que frena el ascenso de dirigentes políticos con antecedentes penales por delitos contra la administración pública, mantuvo la división política de los nueve legisladores. En efecto, los cinco diputados más cercanos al gobierno libertario apoyaron la iniciativa y los cuatro peronistas se opusieron.
El proyecto de Ficha Limpia fue, originalmente, una iniciativa del macrismo promovida por Silvia Lospenatto. La diputada consiguió que llegue al recinto de la Cámara en noviembre, pero los libertarios hicieron el vacío y no dieron quorum. El Ejecutivo tomó después el proyecto y lo hizo propio, con algunos cambios. Lo impulsó en el Congreso y este miércoles consiguió la media sanción (aún falta el Senado).
En Diputados la aprobación fue por 144 votos afirmativos, 98 negativos, 2 abstenciones y 13 ausentes. El argumento que inclinó al oficialismo y la oposición dialoguista tuvo que ver con la “transparencia”. En cambio, el peronismo y la izquierda aseguraron que el proyecto es una “herramienta de proscripción”.
El radical Atilio Benedetti sostuvo que “la corrupción erosionó la confianza en las instituciones y la democracia”, y abogó por “tomar medidas efectivas para garantizar que quienes abusaron del poder no regresen a la política”.
A esa postura política se sumaron Marcela Ántola (UCR Gualeguay); la chajariense Nancy Ballejos (UCR); Francisco Morchio (PRO Gualeguay); y el paranaense Beltrán Benedit (LLA) que se hizo famoso cuando organizó la visita a genocidas en el Penal de Ezeiza, al considerar que están detenidos injustamente.
Justamente el proyecto oficial aprobado ayer propone una incorporación de un inciso en un artículo de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. A grandes rasgos, ese artículo enumera una serie de características que impiden ser candidato en elecciones primarias o generales y ejercer cargos partidarios entre los que se encuentran: los excluidos del padrón, el personal superior y subalterno de las fuerzas armadas y de seguridad, los magistrados, los directivos de compañías concesionarias de servicios públicos y las personas con procesamiento o condena por crímenes de lesa humanidad.
La iniciativa que impulsa el oficialismo agrega que tampoco podrán ser candidatos los condenados por delitos contra la administración pública, tales como: de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y enriquecimiento ilícito. En este punto, detallan que no es necesaria una condena firme sino que alcanza para ser excluido contar con una condena de segunda instancia, en el caso de la Justicia federal, de la Cámara Federal de Casación Penal.
Antecedentes por narcotráfico, abuso y una Justicia «parcial»
Uno de los cuestionamientos principales que cosechó la iniciativa del oficialismo, es que dejó afuera antecedentes penales vinculados al narcotráfico o abuso, y las críticas a la Justicia por supuesta «parcialidad», lo cual indica que se usará como una “herramienta de proscripción política”. Por esa postura se inclinaron el exgobernador Gustavo Bordet; la sobrina del exgobernador Sergio Urribarri, Carolina Gaillard; Tomás Ledesma; y Blanca Inés Osuna.
La diputada nacional por Entre Ríos, Blanca Osuna, expresó su preocupación por el estado de la educación en Argentina.
Tras la sesión en Diputados, Osuna expresó: “La exclusión es el sello de este Gobierno”
Gaillard, una de las entrerrianas con más intervención en Diputados, sostuvo que “este proyecto es inconstitucional y su objetivo es proscribir a @CFKArgentina. No podemos hablar de ficha limpia con justicia sucia ni limitar los dichos políticos a criterio de jueces con prontuario”.
Mientras se discutía ayer el proyecto de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados, en el recinto del Senado se daba luz verde al pliego de Ariel Lijo para que forme parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), un candidato impulsado por el gobierno y el kirchnerismo que ha recibido numerosos cuestionamientos por su desempeño como magistrado y por el patrimonio de su hermano. En efecto, hubo investigaciones penales al respecto que quedaron archivadas.
Con información de Análisis Digital
